Probablemente estamos cayendo en el error de creer que la seguridad comienza en los tribunales, cuando en realidad ocurre antes: en una sala de clases, en el acompañamiento a las familias, en una comunidad que no abandona a los jóvenes cuando hay indicios de dificultades.

La pregunta central no es cuántos adolescentes estamos dispuestos a encarcelar, sino cuántos estamos dispuestos a evitar que sean reclutados por la violencia y el crimen organizado. Un Estado eficaz no es solo aquel que castiga con firmeza cuando el daño ya ocurrió, si no aquel que construye las condiciones para que ese daño no vuelva a repetirse.

Hoy, las mujeres deben mantenerse en alerta frente a un gobierno que, bajo la excusa de la gradualidad, busca devolverlas al silencio dentro de sus casas.

Se prometió que el crecimiento económico derramaría bienestar sobre toda la sociedad. Chile creció, pero también crecieron la percepción de inseguridad, la incertidumbre y el malestar de amplios sectores de la población.

La Tesorería entró a las cuentas corrientes esta semana. Lo va a seguir haciendo. Va a expandir los embargos al resto del país. Y cada deudor va a vivir esa intrusión a solas, con la cara metida en la app del banco, calculando cuánto le queda para el mes. Salvo que decidamos otra cosa.

Las incautaciones se multiplicaron. El consumo creció entre adolescentes. Y el sistema de salud sigue sin un protocolo específico para tratar a quienes dependen. El Estado persigue la droga. No trata a quienes la consumen.

Resulta brutal reducir en más de un 40% sus recursos. Según información pública, el presupuesto pasaría de $6.504 millones a $3.848 millones: $2.655 millones menos. El golpe recae en transferencias de capital: inversión, infraestructura y condiciones materiales para aprender.

El mismo gobierno que obliga a sus autoridades a demostrar que no consumen propone eliminar la única red pública que trata a quienes dependen. Esa contradicción no es un error de coordinación. Es una declaración de principios.

Los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones comunitarias, las redes de economía solidaria no son reliquias del pasado ni soluciones marginales: son las formas institucionales a través de las cuales las personas recuperan poder sobre sus condiciones de vida.

El caso de la Usach, con una trayectoria previa en políticas de acceso inclusivo, integró el PACE como continuidad de un modelo institucional ya orientado a la equidad y, desde 2016, la universidad ha titulado a más de 400 estudiantes provenientes del programa. Nuestro despliegue territorial alcanza a más de 20 establecimientos educacionales, consolidando una relación sostenida con comunidades escolares.