La empresa española de seguridad privada Prosegur facturó el año pasado casi 3.800 millones de euros, de los cuales casi un 60% procedió de Latinoamérica. Se trata de unos resultados que podrían presentarse como un éxito de expansión internacional –lo que desde el Gobierno se ha publicitado como “Marca España”- y que, sin embargo, se ve enturbiado por reiteradas acusaciones de violaciones de derechos humanos y laborales, especialmente en Brasil, Paraguay, Colombia y Perú.
