Plantean que el reglamento del órgano deberá ser el que rige en el Congreso y que “la nueva Convención deberá trabajar sobre la base de la deliberación de los procesos impulsados por la Presidenta Bachelet en 2016”, es decir, con la recepción de propuestas de la Convención y el texto de la propuesta de la Convención para que el nuevo órgano “entre directamente al debate normativo”.