“Como gobierno tenemos un compromiso, hemos ratificado el tratado de Escazú, ha sido una de las primeras medidas impulsadas como gobierno, y junto al ministerio de Medioambiente y la Cancillería, estamos trabajando en un estatuto de protección de los derechos de los defensores medioambientales”, indicó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.