El caso responde a la querella interpuesta por el abogado Fernando Leal, a raíz de que los 21 ministros revocaran una decisión jurisdiccional adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, en la que en el año 2020 otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.