Desde el Colegio de Profesores denuncian que los programas de inclusión no han tomado en cuenta las condiciones de los establecimientos educacionales y, por lo tanto, no se puede garantizar la seguridad de la comunidad educativa: "Tenemos una Ley de Autismo sin recursos para el área de Educación, un Decreto 170 obsoleto, una subvención que no alcanza a dar respuesta a la atención a la diversidad", señalan.